Prostitución: La despenalización plena solo protege a los proxenetas.

La iniciativa es el resultado de dos años de trabajo consultivo. Amnistía Internacional (AI) también ratificó la condena de la prostitución infantil, el tráfico de personas y, en general, toda prostitución forzada; también que se garantice que quienes quieran abandonarla puedan hacerlo.

La polémica resolución refiere que “la criminalización del trabajo sexual consentido entre adultos puede resultar en un aumento de violaciones de las trabajadoras sexuales”.

Como parte de esta iniciativa, AI lanzará una campaña con el objetivo de frenar la persecución de las prostitutas, a los clientes o a los proxenetas y administradores de burdeles que no fuercen a las mujeres.

Por su parte, Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional, indicó que “las trabajadoras sexuales son uno de los grupos más marginados en el mundo, que en muchas instancias sufren el riesgo constante de la discriminación, la violencia y el abuso”.

Amnistía Internacional no es la única organización internacional que apoya la despenalización de la prostitución, pues en la misma sintonía están ONUSIDA, la OMS, la Alianza Global contra la Trata de Mujeres (GAATW), Human Rights Watch y Open Society, entre otras.
En tanto que la Coalición Contra el Tráfico de Mujeres (CATW, en inglés) emitió su repudio a través de una misiva abierta rubricada por Kate Winslet, Meryl Streep y otras 8.500 personas. “No hay ninguna lógica detrás de la premisa de que para proteger a los explotados haya que despenalizar a los explotadores. No tiene sentido”, advirtió Taina Bien Aime, directora ejecutiva de CATW.

SEMlac consultó a Marcela D’ Angelo, integrante del Seminario de DDHH con perspectiva de género de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y de la Campaña Abolicionista “Ni una mujer más víctima de las redes de prostitución”.

La experta subrayó que la resolución de AI es “contraria” al objetivo de “sostener la igualdad entre varones y mujeres/personas trans”.

“Lo que está diciendo equivocadamente AI es que queremos una sociedad en que una parte de nuestras mujeres y personas trans sean utilizadas como objetos al servicio de un colectivo (mayoritariamente constituido por varones)”, continuó D´Angelo.

“Así sostiene una sexualidad basada en el poder y los privilegios de género, pero también de clase. Se nos propone que la explotación es una opción a elegir, es una premisa del neoliberalismo (somos tan libres que hasta podemos consentir nuestra propia explotación). Como si fuera poco, se nos propone que todo esto sea regulado por los Estados”.

La integrante de la Campaña abolicionista “Ni una mujer más víctima de las redes de prostitución” sostuvo ante SEMlac que “los Estados no deben reprimir a las personas en prostitución, tampoco penalizar el ejercicio individual de la prostitución. Deben establecer políticas públicas para que las personas no deban sumirse en esa violencia, impulsar los cambios culturales para que la sexualidad sea consensuada, libre y placentera para ambas partes. Lo que NO puede hacer el Estado es, justamente, lo que propone Amnistía Internacional, ya que se convertirían así en Estados proxenetas”.

La figura de “Estado proxeneta”, redunda, según D´Angelo, en un Estado que “regula sin el objetivo de proteger; sino para asegurar un negocio millonario que se basa en el sometimiento. Requiere que los gobiernos acepten y legalicen la industria de la explotación sexual, también deberá haber una aceptación social, por eso la confusa propaganda: ´proteger violando´. Vuelve a poner a cuerpos vulnerados como variable de ajuste de las crisis que genera el neoliberalismo”.

AI se refiere a la prostitución como: trabajo sexual consentido entre adultos. La integrante de la Campaña Abolicionista “Ni una mujer más víctima de las redes de prostitución” cuestiona las expresiones: “trabajo sexual” y “trabajadoras sexuales”.

“¿Sabrá Amnistía que hay muchísimas mujeres y personas trans que opinan que la prostitución es violencia, que se denominan sobrevivientes de la prostitución y que abrazan el abolicionismo?”, cuestionó.

Esa expresión “es una falacia que esconde la raíz constitutiva de la institución de la prostitución: es el uso del cuerpo de otra persona como mercancía, usándolo como objeto y eso es una violación que comete cada prostituyente (mal llamado cliente) sobre el cuerpo de personas sometidas. Esto es la violencia más extrema que sufrimos las mujeres/personas trans. Esta sexualidad, así naturalizada, luego se transmite a toda la sociedad. La verdadera criminalización del supuesto trabajo sexual será cuando sea reglamentado y las involucradas (la gran mayoría pobres) no quieran inscribirse en sus registros”, sostuvo D´Angelo.

Por su parte, Alberto B. Ilieff, representante de la Red Abolicionista de la Prostitución y la Trata de Personas, dijo a SEMlac que “pareciera que para AI, si existe consentimiento por parte de la víctima, anula la violación a sus derechos humanos y convalida la acción, cualquiera fuere.

“En este caso, si la persona en prostitución consiente en serlo, hace desaparecer todo daño a su dignidad, además de los daños físicos, psíquicos y sociales que serán tenidos como ‘gajes del oficio’. AI no tiene en cuenta que la violación a los derechos de esa persona fue previa a cualquier asentimiento de su parte”.

En el contexto internacional, la resolución de AI aparece como contraria a múltiples tratados y convenios internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros.

En la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, durante el año pasado se presentó un proyecto de ley que busca la habilitación y funcionamiento de establecimientos que brindan servicios sexuales.

Pese a que Argentina es signataria de varios tratados internacionales, “muchos de estos no se cumplen”, indicó D’Angelo.

“Además, existen Códigos Contravencionales y de Faltas, que persiguen a las personas en situación de prostitución, contra los cuales venimos luchando para que se deroguen los artículos que lo permiten”.

Para la experta, “las políticas públicas son escasas y las organizaciones pro trabajo sexual tienen cuantiosos fondos para comprar voluntades, espacios y hacer propaganda sobre supuestas protecciones, reglamentando violencias.

“Pero también la realidad nos muestra un movimiento abolicionista cada vez más sólido. Un movimiento abolicionista que tiene entre sus integrantes a muchísimas mujeres y personas trans que han pasado por ese tipo violencia”, concluyó Marcela D´Angelo.

Amnistía desconoce algo fundamental
Para Alberto B Ilieff, representante de la Red Abolicionista de la Prostitución y la Trata de Personas, la resolución de AI desconoce el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena, dictado por la ONU y que dice en su preámbulo: “la prostitución y el mal que la acompaña, la trata de personas para fines de prostitución, son incompatibles con la dignidad y el valor de la persona humana y ponen en peligro el bienestar del individuo, de la familia y de la comunidad (…)”

Según el experto, la medida de AI “muestra total desconocimiento del tema porque no alcanza con decir que se oponen a la prostitución infantil y a la trata de personas. La práctica, las sentencias dictadas, los estudios internacionales y los propios dichos de las personas en prostitución nos indican que la mayoría de ellas fueron iniciadas entre los 12 y 14 años, notándose últimamente un descenso significativo en la edad”.

Ilieff subrayó también que la trata es “la otra cara de la prostitución porque las mujeres, niñas y niños son inducidos o captados, precisamente, para ser explotados sexualmente y esto sucede en los prostíbulos donde se pretende ahora que el ejercicio sea legal”.

Entonces, es una “una fantasía, siguió el experto, creer que mediante la reglamentación desaparecerá el proxenetismo y se incrementarán los derechos de las personas prostituidas”.

En su criterio, basta con analizar la experiencia de los países reglamentaristas, donde esto no sucedió y además se agravó al punto de aumentar la prostitución infantil, la trata de personas, el lavado de dinero, el tráfico de drogas y, por ende, la inseguridad urbana.

El agravante de la polémica resolución es que los proxenetas quedan fuera de la criminalidad. Entonces, los burdeles serían comercios equiparables a cualquier otro.

Siguiendo esa lógica, también se descriminilizaría “la trata de personas que pasa a ser una agencia de colocaciones para la ‘industria sexual’, una forma de captación legal. En este contexto, será muy difícil persuadir a las jóvenes a no adentrarse en este terreno sin regreso o cualquiera podrá engañar a una mujer que no consiga trabajo, que tiene la posibilidad ‘legal’ de prostituirse”, reflexionó.

Ilieff invitó a razonar: “¿debemos considerar ‘trabajo’ cualquier actividad que reporte dinero para la subsistencia?, ¿debemos considerar al cuerpo humano como una máquina o empresa productora de ganancias?, ¿el cuerpo humano es una ‘cosa’ diferente a la persona?”.

En su opinión, aceptar alguna de las premisas incluidas en las preguntas es justificar la esclavitud. “A partir de esta resolución, AI ha tomado ese camino distanciado de los Derechos Humanos basados en la dignidad de la persona, de la que surgen la libertad e igualdad”, concluyó.

Recuadro:
. Suecia, Noruega, Islandia, el Reino Unido y recientemente Francia castigan a los clientes de la prostitución.
. En Bélgica, Alemania, Holanda, Austria y Grecia la prostitución está regulada o tolerada.
. Según la Red Abolicionista de la Prostitución y la Trata de Personas, los países reglamentaristas experimentaron “el crecimiento de la inseguridad y de los delitos de trata de personas, prostitución infantil, tráfico de drogas y lavado de dinero. Un dato importante es que la mayoría de las personas en prostitución no han aceptado registrarse por considerar que este régimen no las protege en absoluto, sino que las deja más dependientes de los proxenetas, devenidos comerciantes”.
Argentina es signataria del “Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena”, adoptado por las Naciones Unidas en 1949, a partir del cual se declaró abolicionista.

Por Norma Loto (normaloto@gmail.com)​

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