Los avisos de servicios sexuales publicados en diarios y revistas quedaron en el centro de un debate. El Inadi elevó un informe a la Procuración General de la Nación en el que solicita que se investigue si encubren situaciones de trata de mujeres para explotación sexual, promueven o facilitan la corrupción o la prostitución de menores de edad o incurren en la nueva figura de violencia mediática, entre otros posibles delitos.
El organismo hizo el pedido luego de un relevamiento en distintos diarios nacionales. Puso el foco en los clasificados de contactos personales, de promociones para bajar contenidos sexuales a los celulares y de pedidos de “señoritas” para cabarets en distintos puntos del país con exorbitantes sueldos. “Queremos que se establezca un marco de autorregulación y de ética y dejen de publicarlos”, señaló a Página/12 la titular del organismo, María José Lubertino.
El negocio es enorme: la mayoría de los diarios que se editan en el país, de alcance nacional, provincial y local tienen suculentos ingresos por incluir avisos de ese tipo. Alguno llega al millón de pesos por mes. En Mar del Plata, un policía bonaerense está a punto de ir a juicio oral y público por trata de mujeres y entre las pruebas documentales incorporadas al expediente está el aviso que se publicaba en La Capital, de Mar del Plata, a través del cual promocionaba el “privado” que regenteaba en esa ciudad y en el que mantenía como esclavas sexuales a jovencitas reclutadas en Paraguay y en la Argentina (ver aparte).
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil ya se pronunció por limitar esa clase de anuncios para proteger a los niños y adolescentes de contenidos “obscenos”, pero el fallo fue apelado y la causa se encuentra en la Corte Suprema de Justicia.
“27 pimpollos florecen tus osadas fantasías”; “Bebotitas de Flores traviesas”; “Una esclava en tu celular que te cumple tus deseos diarios”; “Señorita Cabarets Ushuaia sueld+com+vvda+pasaj $ 15000 mes…”. Estos son algunos de los avisos incluidos en el informe elaborado por un equipo jurídico y técnico del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo entre los diarios La Nación, Ambito Financiero, Crónica, El Argentino y Clarín y en su revista Viva.
La semana pasada, el organismo convocó a directivos de los diarios observados para entregarles una copia del estudio y abrir un canal de diálogo sobre la temática, pero sólo concurrió una empleada de menor jerarquía de Clarín. Las demás editoriales ignoraron la convocatoria, según informó a este diario Lubertino, que tiene previsto esta semana dejar la presidencia del Inadi para asumir como diputada porteña.
Dos meses atrás, un debate similar en torno de los avisos de servicios sexuales estalló en España y hasta el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se pronunció, tal como informó oportunamente este diario. Las críticas se centraron en que los periódicos tienen un doble discurso: por un lado, en sus páginas informativas desnudan la trama de esclavitud que rodea a muchas mujeres que ejercen la prostitución y por el otro, se convierten en soporte del negocio ilícito de la trata al promocionar los anuncios de contactos.
Lectoras y lectores de El País, de Madrid, enviaron un aluvión de cartas, en las que expresaron su indignación por la hipocresía de ese doble juego. A comienzos de 2009, el gobierno español puso en marcha un Plan Integral contra la Trata, que además de definir a las prostitutas como “víctimas”, instaba a los diarios a que, mediante la autorregulación, eliminasen cualquier relación empresarial con la prostitución. Pero los diarios hicieron oídos sordos a la recomendación. Embolsan más de 40 millones de euros al año por los clasificados de prostitución, según calculó una comisión parlamentaria.
El Inadi decidió analizar el tema aquí después de conocer la polémica abierta en España, contó Lubertino. Y destacó que con excepción de un reducido número de diarios de tirada nacional, entre ellos Página/12, el resto de los diarios en el país tiene ingresos por anuncios de comercio sexual.
–¿Usted considera que deberían prohibirse? –le preguntó Página/12.
–La prostitución no es un delito pero en varios de los anuncios analizados se promueven lugares, lo que implica un grado de organización. En esos casos debería llevarse adelante una investigación judicial para determinar si encubren casos de trata, proxenetismo y otros delitos. La explotación de la prostitución ajena sí es delito. También están prohibidos en la Argentina los burdeles –respondió la funcionaria.
Una visión similar tiene el fiscal Marcelo Colombo, a cargo de la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (Ufase) de la Procuración General de la Nación.
Colombo promueve que los fiscales federales de las distintas provincias realicen investigaciones preliminares a partir de los avisos de pedidos de “señoritas” que diariamente aparecen en periódicos de todo el país. “Hay tanta impunidad en el país que (las organizaciones delictivas) hacen publicidad de una parte del delito de trata como es la fase de captación o reclutamiento”, comentó. Colombo lamentó que a los propietarios de los diarios no les importe “validar con los clasificados empresas que se dedican a gerenciar la prostitución ajena”. “Sería interesante la autolimitación de este tipo de avisos. Es un tema que se debe debatir”, opinó el fiscal especializado.
El Nuevo Diario, de Salta, incluyó en los últimos días entre sus clasificados de pedidos de empleo, el siguiente: “INCORPORAMOS chicas acompañantes p/clientes Vip. 24 hs. en S.S.de Jujuy” (sic). Y también este otro: “NECESITO Señorita buena presencia del interior o Salta Capital dispuesta, desinhibida, para realizar masajes y algo más … en gabinete en Salta capital con o sin experiencia, mayor de edad. Ofrezco alojamiento y excelentes ganancias. Total discreción”.
En El Tribuno, también de Salta, figuró esta semana: “SEÑORITA MAYOR DE 21. Para club nocturno en Córdoba capital. Excelentes ingresos”. Un anuncio en La Voz del Interior, de Córdoba, en los últimos días decía: “Busco 3 chicas de 21 a 28 p/ nvo dpto muy privado pref delgadas responsables zona trib”.
También un aviso del rubro empleos de El Diario de La Pampa, de Santa Rosa, ofrecía esta semana empleo en la capital cordobesa: “Si deseás mejorar tus ingresos económicos, excelente oportunidad en la ciudad de Córdoba capital (zona céntrica), con más de 14 años de trayectoria, absoluta seriedad, solicita srta. de 21 a 35 años con muy buena presencia, ofrecemos sueldo aproximado de $ 8.000, en 20 días, pago diario con alojamiento y pasaje pago”.
El fiscal general ante la Cámara Federal de Mar del Plata, Daniel Adler, viene denunciando hace más de diez años la connivencia indirecta entre diarios y redes de trata. “Se convierten en colaboradores de la trata en forma indirecta.
Es un tema que merece un abordaje nacional”, evaluó en diálogo con Página/12. En 1998, siendo juez del Tribunal en lo Criminal N 3 de Mar del Plata, Adler condenó a un hombre a tres años de prisión efectiva por corrupción de menores, en un caso en el que se comprobó que explotaba sexualmente a dos adolescentes de 15 y 16 años y a otra joven de 20 en un “privado” ubicado en la calle Rivadavia 2631 4° piso, de la ciudad balnearia.
El “vip” era promocionado entre los clasificados de La Capital. El aviso decía: “…jovencitas recién llegadas…” y precisaba el número telefónico del lugar donde se alojaban. En la sentencia, Adler consideró: “Llama la atención que el matutino La Capital, de gran circulación en nuestro medio, publicite este tipo de consumo, sin adoptar los mecanismos de salvaguarda para no convertirse en un colaborador indirecto y seguramente no deseado de la promoción de actos de prostitución infantil”.
Actualmente, La Capital incluye alrededor de tres páginas de avisos de contactos sexuales. Y hace pocos meses, su competidor El Atlántico también comenzó a publicar anuncios de la misma clase.
El precio del aviso varía según el diario. En algún caso llega a costar en la semana unos 50 pesos cada línea y alrededor de 60 los domingos.
Lolitascenter
El informe del Inadi enviado a la Procuración enumera diversas normas que se estarían violando. Entre ellas, los tratados internacionales ratificados por la Argentina en los cuales el Estado se comprometió a combatir la discriminación de género como la Convención sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (conocida por su sigla en inglés, Cedaw).
El organismo denuncia que los clasificados de servicios sexuales naturalizan la explotación sexual de las mujeres y las convierten en “un cuerpo y una belleza puestas al servicios de otros/as”. Particularmente los que incluyen fotografías de mujeres desnudas y que tienen por objeto la bajada de imágenes pornográficas a los teléfonos celulares.
Estos avisos, advierte el Inadi, pueden ser encuadrados en la categoría de violencia mediática –contemplada en la nueva ley 26.486 de protección integral contra la violencia hacia las mujeres–, “toda vez que promueven en forma directa la explotación de mujeres o sus imágenes”. La norma entró en vigencia en abril de este año. Todavía no está claro cómo se aplicará en este punto –el Consejo Nacional de la Mujer está coordinando su reglamentación–, dado que no contempla sanciones.
En cuanto a los anuncios que publicitan términos como “lolitascenter” “bebotitas de Flores traviesas”; “colegialas”, debe tomarse en cuenta en primer término, señala el Inadi, la obligación que pesa sobre el Estado argentino en virtud de la Convención Internacional de los Derechos del Niño de adoptar las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger a los chicos y chicas contra toda violencia, malos tratos, explotación, incluido el abuso sexual.
Para el organismo nacional, “cualquier aviso del que pueda inferirse la posibilidad de explotación sexual de un/a niño/a debería ser investigado penalmente por la eventual comisión de los delitos previstos en los artículos 125 y 125 bis del Código Penal”, que castigan la promoción o facilitación de la corrupción y de la prostitución de menores de 18 años.
Desde una lectura simbólica y no literal de ese tipo de clasificados podría pensarse que no tienen como objeto realmente la explotación de una niña o adolescente sino de la de una adulta y que lo que buscan es generar la fantasía del “cliente”, señala el Inadi.
Entonces, concluye, los diarios no hacen otra cosa que colaborar “a que se genere en el imaginario colectivo la naturalización de prácticas referidas al consumo de los cuerpos de niñas y adolescentes, contribuyendo al incremento de la violencia sexual contra éstas”.
En cuanto a los avisos de pedidos de “señoritas” para cabarets con ofertas de sueldos muy abultadas, el Inadi sugiere a los medios de prensa que sean “cautelosos” al publicarlos ya que “podrían estar facilitando la tarea de captación de víctimas a las redes de tratantes de personas”.
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