Kemelmajer deja la Corte pidiendo la despenalización del aborto – 13/04/10 -Argentina-

“La Justicia no puede seguir recibiendo tal cantidad de casos de abortos, que están contemplados por la actual ley, pero donde los médicos no se animan a practicarlos. Entonces, nos toca decidir a los jueces cuando el embarazo llega a los cinco meses de gestación”, manifestó con firmeza Aída Kemelmajer frente ante un auditorio repleto de estudiantes de Derecho en la Universidad Nacional de Cuyo.

En una de sus últimas apariciones públicas como ministra de la Suprema Corte de Justicia, la magistrada ratificó y argumentó su postura a favor de la despenalización del aborto.

La jueza comenzó su disertación “Derecho a la interrupción del embarazo” aclarando que, bajo ningún concepto, el aborto puede ser visto como un bien o como una herramienta de la planificación familiar.

“No creo que ninguna mujer planifique o vaya felizmente a solicitar un aborto. Dentro de lo posible, debe ser evitado, pero es un problema que existe actualmente y debe ser tomado como un tema de salud pública”, expresó.

La posición que mantiene Kemelmajer respecto a esta cuestión de bioética no es una novedad y, en más de una oportunidad, sus declaraciones generaron repercusiones negativas en la Iglesia y en los sectores más conservadores.

Es más, ella fue una de las que firmó en agosto de 2006 el polémico fallo local avalando la práctica abortiva que solicitaba la madre para una joven discapacitada que había sido violada.

La magistrada puso como modelo la legislación española, que se encuadra en buena parte de la legislación internacional. “¿Qué son los españoles?…¿genocidas?”, ironizó y destacó entre otras cosas que su normativa respeta el hecho de que “la decisión de tener hijos y cuándo tenerlos constituye uno de los asuntos más íntimos y personales de las personas”.

En este sentido, la magistrada dijo que aquí el Estado avasalla el derecho a tomar decisiones en el ámbito privado. “Si hasta se le prohíbe a la mujer el acceso a métodos anticonceptivos, como la píldora del día después. Miren hasta dónde se mete el Estado”, agregó.

En el aula magna de la facultad de Derecho, donde fue invitada por el Centro de Estudiantes a disertar junto a otros profesionales, la ministra de la Suprema Corte no ahorró en críticas a las políticas locales de salud reproductiva. Dijo que la cantidad de abortos ilegales y sus terribles consecuencias muestran que falta información y que no se está asegurando el acceso de los jóvenes a los métodos anticonceptivos.

Además, cuestionó la cantidad de casos en que está en juego la vida de la madre y que se judicializan sin motivos. “Digámoslo sin eufemismos: los Comités de Ética de nuestros hospitales no funcionan. No se ponen los pantalones cuando hay que tomar una decisión”, denunció y agregó: “No puede ser que en estos equipos no se escuche la opinión de la mujer”.

En algo que coincidió con la jueza María Amanda Fontemachi, quien minutos antes dio su exposición desde una postura totalmente opuesta, fue en el rol fundamental que cumple la información y la prevención en este tema.

“¿Quién se ocupa de los abortos clandestinos en la Argentina? Nadie nos da verdaderas estadísticas”, apreció. Respecto al hecho de que la Justicia local sólo haya recibido 30 denuncias en 2009 y 6 en lo que va del 2010 de abortos ilegítimos, Kemelmajer exclamó: “No los denuncian porque no tienen confianza en los jueces”.

“La penalización no disminuye el número de abortos; fomenta la desigualdad y el turismo abortivo pues estas prácticas pueden ser seguras de acuerdo a las condiciones económicas de la mujer, incluso en los casos en que la interrupción del embarazo es legal”, opinó la magistrada.

Por último, Kemelmajer invitó a avanzar en la legislación y terminar con tantos preconceptos en torno al tema. “No sigamos empujando a las mujeres a correr riesgos”, culminó.

“La Justicia no puede seguir recibiendo tal cantidad de casos de abortos, que están contemplados por la actual ley, pero donde los médicos no se animan a practicarlos. Entonces, nos toca decidir a los jueces cuando el embarazo llega a los cinco meses de gestación”, manifestó con firmeza Aída Kemelmajer frente ante un auditorio repleto de estudiantes de Derecho en la Universidad Nacional de Cuyo.

En una de sus últimas apariciones públicas como ministra de la Suprema Corte de Justicia, la magistrada ratificó y argumentó su postura a favor de la despenalización del aborto.

La jueza comenzó su disertación “Derecho a la interrupción del embarazo” aclarando que, bajo ningún concepto, el aborto puede ser visto como un bien o como una herramienta de la planificación familiar.

“No creo que ninguna mujer planifique o vaya felizmente a solicitar un aborto. Dentro de lo posible, debe ser evitado, pero es un problema que existe actualmente y debe ser tomado como un tema de salud pública”, expresó.

La posición que mantiene Kemelmajer respecto a esta cuestión de bioética no es una novedad y, en más de una oportunidad, sus declaraciones generaron repercusiones negativas en la Iglesia y en los sectores más conservadores.

Es más, ella fue una de las que firmó en agosto de 2006 el polémico fallo local avalando la práctica abortiva que solicitaba la madre para una joven discapacitada que había sido violada.

La magistrada puso como modelo la legislación española, que se encuadra en buena parte de la legislación internacional. “¿Qué son los españoles?…¿genocidas?”, ironizó y destacó entre otras cosas que su normativa respeta el hecho de que “la decisión de tener hijos y cuándo tenerlos constituye uno de los asuntos más íntimos y personales de las personas”.

En este sentido, la magistrada dijo que aquí el Estado avasalla el derecho a tomar decisiones en el ámbito privado. “Si hasta se le prohíbe a la mujer el acceso a métodos anticonceptivos, como la píldora del día después. Miren hasta dónde se mete el Estado”, agregó.

En el aula magna de la facultad de Derecho, donde fue invitada por el Centro de Estudiantes a disertar junto a otros profesionales, la ministra de la Suprema Corte no ahorró en críticas a las políticas locales de salud reproductiva. Dijo que la cantidad de abortos ilegales y sus terribles consecuencias muestran que falta información y que no se está asegurando el acceso de los jóvenes a los métodos anticonceptivos.

Además, cuestionó la cantidad de casos en que está en juego la vida de la madre y que se judicializan sin motivos. “Digámoslo sin eufemismos: los Comités de Ética de nuestros hospitales no funcionan. No se ponen los pantalones cuando hay que tomar una decisión”, denunció y agregó: “No puede ser que en estos equipos no se escuche la opinión de la mujer”.

En algo que coincidió con la jueza María Amanda Fontemachi, quien minutos antes dio su exposición desde una postura totalmente opuesta, fue en el rol fundamental que cumple la información y la prevención en este tema.

“¿Quién se ocupa de los abortos clandestinos en la Argentina? Nadie nos da verdaderas estadísticas”, apreció. Respecto al hecho de que la Justicia local sólo haya recibido 30 denuncias en 2009 y 6 en lo que va del 2010 de abortos ilegítimos, Kemelmajer exclamó: “No los denuncian porque no tienen confianza en los jueces”.

“La penalización no disminuye el número de abortos; fomenta la desigualdad y el turismo abortivo pues estas prácticas pueden ser seguras de acuerdo a las condiciones económicas de la mujer, incluso en los casos en que la interrupción del embarazo es legal”, opinó la magistrada.

Por último, Kemelmajer invitó a avanzar en la legislación y terminar con tantos preconceptos en torno al tema. “No sigamos empujando a las mujeres a correr riesgos”, culminó.

Fuente

Gracias Noelia Garabito por el envío!!!

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