El debate propuesto en el marco de la Campaña Nacional “Aborto legal, seguro y gratuito” contó con la presencia del doctor Martín Lozada y la militante neuquina Estela Cavazzoli, como panelistas. Se esperaba la presencia de la doctora Mariana Vargas, defensora en el caso de Romina Tejerina en la provincia de Jujuy pero por problemas del vuelo no llegó a horario para participar desde un comienzo.
Durante la charla se tematizaron los distintos problemas en torno a las leyes que castigan con distintas penas la práctica del aborto y contrastan con la realidad de una práctica extendida de manera clandestina en todo el país. Las cifras estimadas señalan la realización de al menos 500.000 abortos por año y la realización de un aborto cada dos nacimientos.
Si bien esta práctica clandestina atraviesa a todas las clases sociales, su consecuencia sobre la salud de las mujeres no tiene el mismo efecto. La mortalidad por abortos clandestinos se detecta entre las mujeres de menos recursos que son quienes finalmente resultan reprimidas por la Justicia.
El juez Martín Lozada hizo especial hincapié en esta situación para subrayar que el aborto es un tema que involucra tanto a la mujer y como a los servicios de justicia y al principio constitucional de igualdad ante la ley.
Como el aborto es un delito para el Código Penal, muchos hospitales y médicos del país denuncian ante la policía a las mujeres que llegan heridas por un aborto mal realizado. Por este motivo, muchas mujeres no reconocen que se realizaron una interrupción de embarazo y complican su curación.
Sobre el tema, Lozada citó jurisprudencia que indica no se puede iniciar una causa judicial por autoincriminación en estos casos porque se enfrente a las mujeres a un dilema perverso que las hace optar entre la cárcel o la muerte.
“Los médicos no solo no tienen la obligación sino que tienen prohibido denunciar a las pacientes que llegan en esta situación”, afirmó el juez y recordó el artículo 11 de confidencialidad entre el médico y el paciente de la ley de ejercicio de la profesión y el artículos 157 del Código Penal.
Sin embargo, la interpretación y la aplicación de la Justicia no es homogénea en el país ni en Bariloche. Al respecto, señaló que “la diferencia entre un juez y otro radican en su mayor o menor apego a tener en cuenta la realidad social” y los llamados de atención de los organismo internacionales sobre el alto índice de clandestinidad en la Argentina y la necesidad de dar una respuesta que deje de judicializar el tema.
Lozada subrayó que “la problemática es de orden constitucional” porque quienes recurren a pedir que se les practique un aborto a la justicia o al hospital, o quienes lo practican poniendo en riesgo su vida son “sectores de la sociedad que tienen menos información, que son indigentes, poco formadas o con pocos recursos a disposición para decidir”.
“La mejor doctrina constitucional dice que el derecho debe ser comprensivo e inclusivo y tiene que asegurar la igualdad ante la ley en cada uno de los casos a resolver”, expresó y concluyó alentando la convocatoria para “dar una pelea en términos dialécticos, pacíficos y asamblearios” como un “buen camino para resolver este dilema”.
El tema planteado es abordado y discutido en los Encuentros Nacionales de Mujeres desde hace unos 20 años. En el último tiempo, las demandas se focalizaron en la despenalización del aborto y en la aprobación del aborto gratuito y seguro, la difusión de los distintos métodos anticonceptivos, y el implementación de la educación sexual y reproductiva en las instituciones educativas.
Cavazzoli, integrante del grupo neuquino de mujeres Las del Encuentro, destacó la decisión del juez Lozada en el caso de la joven de El Bolsón a quien se le practicó un aborto no punible en el Hospital Zonal y señaló que se trata de “un gran aporte para el movimiento de mujeres”.
Se refirió también a la injusticia que se reproduce socialmente al mantener penalizada una práctica extendida y cotidiana que perjudica principalmente a mujeres jóvenes y de escasos recursos.
“Hay que lograr que el aborto se despenalice para evitar que siga corriendo riesgo la salud física y síquica de las mujeres. La clandestinidad trae hipocresía, enferma y muchas veces mata”, subrayó ante los presentes y remarcó que además es preciso focalizar en la educación sexual para evitar embarazos no deseados.
“Las mujeres tenemos que reconocer nuestra propia opresión porque somos las únicas que podemos resolver las injusticias contra nosotras”, subrayó.
La convocatoria contó con la adhesión de la Primera Escuela de Psicología Social Enrique Pichón Riviere Sede Bariloche, A.T.E Seccional Bariloche, A.P.D.H Bariloche, Asociación Lihuen, Grupo Despertar, Delegación Río Negro de INADI, Asamblea por la Tierra Libre y Proyecto Sur.
Enviado por Oskar, gracias kumpita!!!