La prostitución es el más violento punto de unión entre patriarcado y capitalismo, ya que reúne explotación económica y violencia de género. Las cifras son contundentes: en el informe del año 2000 del Fondo de Población de Naciones Unidas, se estimaba que cada año 4 millones de mujeres y niñas/os ingresan en los prostíbulos del mundo para ser consumidos sexualmente. El 90% de los casos de trata y tráfico son de mujeres y niñas para prostituirlas. Según Naciones Unidas, durante 4 siglos 11 millones de personas fueron reclutadas en África para el sistema esclavista, mientras que solamente desde el año 1990 al año 2000, más de 30 millones de mujeres y niñas/os fueron traficadas en el Sudeste Asiático. La globalización del mercado del sexo, unida a la pobreza expone a millones de mujeres y niñas/os excluidas (la población más vulnerable) al riesgo cierto de ser víctimas de tráfico y trata.
En general, los Estados establecen tres marcos jurídicos sobre los que basan sus posturas frente a la prostitución: ellas son LA PROHIBICIÓN, LA ABOLICIÓN o LA REGLAMENTACIÓN.
LA PROHIBICIÓN: implica la sanción y el castigo, tanto para quienes acepten un pago a cambio de sexo como para quienes lo demanden. Penaliza la totalidad del sistema. Lo cierto es que en el marco de la cultura patriarcal la tendencia es a penalizar a las mujeres en situación de prostitución y a absolver, en la mayoría de los casos, a los clientes-prostituyentes
LA ABOLICIÓN: El abolicionismo afirma que todo tipo de prostitución es explotación del cuerpo de otra/o y la considera como un grave atentado contra la dignidad de las mujeres, ya que las que se encuentran en estado de prostitución son mayoritariamente mujeres. Esta postura ideológica, ética y política postula la desaparición de la prostitución y tuvo siempre el apoyo de gran parte del movimiento feminista. Considera que las mujeres en situación de prostitución son víctimas. No reconoce diferencia entre prostitución “libre” y “forzada” porque las
situaciones de prostitución no se dan nunca en libertad, las mujeres son consideradas, en todos los casos, como mercancías. Todas son violencias contra las mujeres que se explican a partir de la existencia de la institución social de la prostitución. Las abolicionistas nos oponemos a toda posibilidad de reglamentación o legislación, ya que sería perpetuar la injusticia. Como feministas no apoyamos ni reivindicamos las opciones que sirven para los intereses de dominación patriarcales y refuerzan los sistemas de género (construcciones sociales alrededor de los sexos). Los argumentos sobre “asunción voluntaria” incluso “complaciente” de las funciones que el patriarcado nos asigna los consideramos una de las formas más eficaces de mantenimiento y reproducción del sistema de género (y en general de todo sistema de explotación social).
Nuestro país tiene tradición abolicionista ya que ha firmado y ratificado la “Convención contra la Trata de personas y la Explotación de la prostitución ajena” (Naciones Unidas 1949), en la que se establece que el delito del tratante se configura aunque la víctima haya dado consentimiento. ¿Por qué entonces hay parte de nuestra sociedad que se resiste a la causa abolicionista? Son muchos los motivos, como algunos de los prevalecientes deberíamos anotar:
• porque es en nuestra cultura patriarcal en donde la prostitución está asociada a la sexualidad masculina.
• porque permite un control “moral” que nos divide entre “buenas” y “malas” y esto debe seguir existiendo para mantenernos disciplinadas.
• porque, además, es un negocio sumamente redituable, que habilita múltiples negocios igualmente redituables, en un sistema en donde el lucro es un valor primordial.
LA REGLAMENTACIÓN: Bajo este marco jurídico al Estado le correspondería censar y registrar a todas las prostituidas, darles un carnet identificatorio, controlar sus enfermedades de transmisión sexual a fin de evitar contagios a los clientes-prostituyentes, habilitar los locales para tal fin, establecer las zonas permitidas y cobrarles impuestos a todo el sector dedicado a éste “negocio”. Los reglamentaristas contemporáneos, conservadores ó modernos y liberales, continuadores todos de la tradición pro-prostitución, convalidan y legitiman el uso sexual de las mujeres. Para ello utilizan varias justificaciones:
Los conservadores, herederos directos de aquellos del siglo XIX y gran parte del XX, son los que consideran a la prostitución un mal necesario y proponen un control sanitario y moral sobre las mujeres. Consideran la prostitución como un mal inevitable, que es necesario aceptar y reglamentar para evitar la clandestinidad en la que se ejerce. Al Estado le cabe el rol de control sobre esta “actividad”.
Los “modernos y liberales” defienden la “libertad de elección”, están a favor del “consentimiento” y señalan a la prostitución como una de las formas de ejercicio de la sexualidad. ¿A qué libertad aluden estos sostenedores de la prostitución? Sin duda, se refieren a ellos mismos, hablan de la libertad de los usuarios de prostitución. Para las mujeres, los servicios prestados en esas condiciones, no constituyen prácticas sexuales mucho menos deseadas. Son prácticas de sobrevivencia. Se impone a las mujeres el acceso a su cuerpo por un precio. ¿Dónde esta la libertad? Curioso consentimiento que encubre relaciones sociales de desigualdad entre mujeres y varones, pobres y ricos, adultos y niñas/os.
Dicen favorecer a las mujeres en situación de prostitución, protegiéndolas. Les imponen con este motivo: su registro, controles sanitarios periódicos, lugares predeterminados donde realizar la “actividad”, preservativos que podrán usar mientras el cliente-prostituyente no se oponga. Con estas medidas lo que en verdad se favorece es la explotación de la prostitución ajena en lugares cerrados, autorizados, con “libreta sanitaria” y con normas rígidas a cumplir, por parte de las prostituídas, bajo la vigilancia de los proxenetas y los fiolos, todo ello con la complicidad policial.
Al reglamentar la prostitución, se esconde la figura de explotación sexual, sus víctimas serán ahora “trabajadoras”. Los explotadores (proxenetas y fiolos) serán, ahora, “empresarios”. Se está legitimando así la “industria de la prostitución” mediante unos compradores que siempre se mantienen invisibles.
Cuando una sociedad reglamenta la prostitución, no se limita a poner normas, sino que está dando un sistema de valores con un mensaje para toda la sociedad: es legítimo el uso comercial del cuerpo de las mujeres y esto se convierte en el paradigma de la sexualidad. Al mismo tiempo que la prostitución reglamentada concede al conjunto de varones la autorización moral y social para participar, sin responsabilidad ni escrúpulos, en la explotación de las mujeres ejerciendo su poder sobre ellas mediante la mediación del dinero.
El sistema prostitucional está relacionado con la pornografía, el turismo sexual, las líneas eróticas, el ciber-sexo, los sex-shops, los anuncios y publicidades, los programas televisivos que exponen a las mujeres como mercancía. Combatir la prostitución oponiéndose a su reglamentación implica, también, combatir el conjunto de actividades montadas alrededor de la mercantilización del cuerpo femenino.
Miremos qué les ha pasado a los países (casi todos del primer mundo) que han legalizado o reglamentado la prostitución. El tráfico y trata con fines de prostitución se ha convertido en una “industria” floreciente. Las mujeres y niñas/os que van a ser prostituidas provienen mayoritariamente de países pobres y son súper explotadas y esclavizadas en los locales para ese fin. Se ha banalizado y difundido el comercio sexual. No todas las mujeres en situación de prostitución quedan incluidas en esa falsa legalidad, pues sigue en parte ilegal, con dineros y con mujeres indocumentadas traídas mediante tráfico y trata. Se han aumentado la cantidad de prostíbulos. Se han diversificado otras formas de explotación sexual.
Nosotras, las mujeres involucradas en la Campaña Abolicionista “Ni una mujer más víctima de las redes de prostitución”, repetimos sin cansarnos que todas tenemos el derecho inalienable a ser libres.
Proponemos:
• Exigir que no se condicione la Ley contra la trata de personas por razones de presupuesto.
• No perseguir, discriminar, ni penalizar a las personas en situación de prostitución.
• Puesta en marcha de un verdadero proyecto igualitario entre mujeres y varones consensuado y con seguimiento de las organizaciones que sostenemos esta propuesta.
• Trabajo genuino y con nivel de vida adecuado que permita satisfacer todas las necesidades.
• Espacios de apoyo y contención para todas las víctimas de las redes de prostitución.
• Potenciar a través políticas públicas sobre la educación y los medios de comunicación una práctica de la sexualidad desde condiciones de dignidad y respeto no sexistas, no androcéntricos (centradas en el hombre) y no discriminatorias.
• Campaña que desnaturalice la prostitución, señale los daños que produce en las mujeres y marque la responsabilidad del “cliente”- prostituyente.
• Penalización de sitios pornográficos, paidófilos, racistas y el turismo sexual con penas de cumplimiento obligatorio.
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