Los hechos de violencia e intimidación sobre periodistas y medios independientes que denuncian situaciones ambientales ilegales están a la orden del día. Quienes actúan como mano de obra violenta no están desocupados. Todo lo contrario, están muy bien ocupados en depredar, transgredir la ley y demostrar poder. Son intendentes, ministros, hermanos de gobernadores y muchos etcéteras más que están tomando la horrible costumbre de intimidar a periodistas, cortar cables coaxiles, quemar equipos de radio y/o directamente, golpear a comunicadores a manera de ejemplo de lo que les puede pasar.
La consigna es que gane el silencio. Total, están también los otros periodistas y medios para comentar lo que a nadie importa, o en realidad, lo que importa al poder que se comunique. Pero también están los molestos. Aquellos a los que hay que acallar de alguna manera porque interfieren en los negocios. Los ejemplos proliferan.
En Vera, provincia de Santa Fé, un ministro amenaza a un periodista y le da “lecciones de cómo ejercer la profesión. El “delito”: haber denunciado la dramática situación del agua en la región.
En Loncopué, provincia de Neuquén, el hermano del gobernador manda cortar el coaxil, quema los equipos de radio Arco Iris y envía al capataz para intimidar a los periodistas. Ese pariente del poder tiene dos empresas mineras declaradas en la región
En La Leonesa, provincia del Chaco, un intendente observa mientras sus matones golpean a un periodista radial que desde hace años se “atreve a hablar” de la contaminación con glifosato que sufre la población.
Y así se podría elaborar una larga lista de casos parecidos, casi iguales. Todos tienen la misma raíz: amordazar el pensamiento crítico, estrangular la verdad y asustar a la gente.
¿Cuál es el límite de este accionar?. Por lo pronto, es un límite muy difuso y peligroso. Los ejemplos en el mundo dan fe de ese peligro. El informe de Reporteros sin Fronteras, de septiembre de 2009, que lleva como título: “Periodista medioambientalista: un combate peligroso”, da a conocer las vicisitudes que deben pasar muchos colegas, hasta llegar incluso a la propia muerte.
Algunos casos que contiene el informe son desalentadores: “en Brasil, Vilmar Berna, especialista en medio ambiente y director del diario Jornal do Meio Ambiente, recibió intimidaciones durante mucho tiempo. Su periódico trata, entre otras cosas, el exceso de pesca clandestina y las amenazas que pesan sobre la fauna marina protegida de la Bahía de Río. En mayo de 2006 dejaron delante de su casa un cadáver ensangrentado, medio calcinado. Por si el “mensaje” no era suficiente, una voz de mujer sin identificar le advirtió por teléfono que iban a matarle pronto. Vilmar Berna presentó una denuncia en la policía de Niterói y contrató dos guardaespaldas en su domicilio. Pero no ha podido seguir manteniendo la protección por falta de recursos económicos”.
“En el Estado de Espirito Santo (Sudeste del Brasil), Fabrício Ribeiro Pimenta tuvo que huir de la región tras el atentado que sufrió el 30 de julio de 2009, aparentemente encargado por el propietario de una marmolería clandestina. El periodista denunciaba sin tregua los vertidos tóxicos de la empresa, instalada en plena zona residencia”.
“Otro ejemplo flagrante: en Perú, la contaminación provocada por el complejo metalúrgico de Doe Run Peru ha hecho de La Oroya, en los Andes, la quinta ciudad más contaminada del mundo. La población (35.000 habitantes) vive permanentemente en medio de gases y metales pesados. Pero nadie oirá hablar de este escándalo porque la empresa ha puesto en marcha un sistema de vigilancia, rústico pero eficaz, mediante una red de “animadoras de la salud” que peinan la ciudad: cualquiera que hable con un periodista independiente se arriesga a perder su trabajo, y sus derechos sociales. La población, miserable, ahora está en contra de una prensa que podría hacerle perder su único medio de subsistencia. Los asalariados de Doe Run Peru han rechazado el plan de salvamento ecológico para conservar sus empleos”.
“Yann Arthus-Bertrand y diez miembros de su equipo asistentes, técnicos y productores, efectuaban un reportaje para el programa “Visto desde el Cielo” cuando les detuvieron el 20 de febrero de 2008, en el aeropuerto de Puerto Iguazú, en Argentina. El equipo de rodaje investigaba la controversia suscitada por la construcción de la presade Yacyreta, cerca de Posadas (capital de la provincia de Misiones). Unos policías observaron con suspicacia el encuentro del equipo con los habitantes del pueblo de El Brete, que están en contra de la construcción de otra presa en el perímetro de su localidad, y después prohibieron volar al helicóptero alquilado para el rodaje. El equipo no quedó en libertad hasta pasados cinco días, y después de pagar una fianza”.
Son sólo algunos ejemplos latinoamericanos. Hay otros, mucho más graves y de dramáticas consecuencias. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar? La respuesta: hasta donde nosotros se lo permitamos.
http://www.rsf.org/IMG/pdf/rapport_es_md-2.pdf
© AFP
Fuente: Red Latina sin fronteras