El Senado dio media sanción a un proyecto denominado Servicio Cívico Voluntario, con 33 votos a favor, 31 en contra, 2 abstenciones y 5 ausencias. La propuesta, apoyada por la oposición y el pleno respaldo del Vicepresidente de la Nación, Julio Cobos, está dirigida a jóvenes de entre 14 y 24 años que no estudian ni trabajan, a quienes se les “proporcionará cursos de formación teórico-práctica en temas de defensa civil y capacitación técnica de oficios”. El entrenamiento “se desarrollará en instalaciones de las Fuerzas Armadas”, recibiendo los alumnos “alimentación y vestimenta”, además de “alojamiento en la unidad que se afecte al Servicio”. Se puntualiza expresamente que los participantes “deberán respetar los reglamentos de las Fuerzas Armadas, referidos a normas de convivencia”. El primer objetivo, que consta en el artículo 2º del proyecto aprobado, es “otorgar espacios de contención a jóvenes en situación de riesgo”.
¿Por qué a los mentores de esta iniciativa, pensar en “espacios de contención” para adolescentes y jóvenes en “situación de riesgo” (en condiciones de pobreza y desprotección, habría que precisar) los lleva a pensar en los cuarteles? ¿Desde cuándo los cuarteles son espacios de contención? O habría que preguntarse a qué contención se refiere la norma o en qué pensaron sus autores. ¿Acaso aspiran a una suerte de intento de revitalización directa o subliminal del felizmente fenecido Servicio Militar Obligatorio? Hasta el propio Ejército rechazó el proyecto, que ahora deberá ser tratado por la Cámara de Diputados.
El mismo día que se aprobó este proyecto de ley en el Senado, el Vicepresidente Cobos publicó un artículo de enfático apoyo, titulado “Un desafío para la sociedad”, en un centenario matutino de la ciudad de Buenos Aires. Y un agudo y prehistórico lector, de esos que envían comentarios a los diarios, develó la verdadera y profunda esencia punitiva de esta iniciativa. Le escribió un mensaje de marcado respaldo a Cobos por su nota, finalizando con este ilustrativo párrafo: “Y no tenga miedo de incluir a las Fuerzas Armadas en planes educativos: no sólo los vacunos necesitan bretes”.
Rápidamente se entiende el significado de brete, pero puede resultar útil repasar algunas de las acepciones que figuran en los diccionarios: “en las estancias y mataderos, sitio cerrado con fuertes maderos, para marcar en ellos las bestias o matarlas”; “cepo o prisión estrecha de hierro”.
¿Cuánto de control, de disciplinamiento, de vigilancia, de reforzamiento de la desigualdad, de discriminación, de estigmatización hacia esos jóvenes pobres contiene esta aparentemente beatífica propuesta?
El funcionamiento social empuja y condena a millones de jóvenes a la marginalidad y a la exclusión, y luego aparecen algunos presuntos redentores (con mayor gravedad en este caso, por tratarse de 33 Senadores de la Nación) que proponen “recuperarlos” y “reinsertarlos” a través del confinamiento en los cuarteles militares. La democracia debe garantizar y está en condiciones de hacerlo que las políticas públicas dirigidas a los sectores vulnerados y vulnerables se canalicen a través de las instituciones oficiales y comunitarias pertinentes del campo de lo social, evitando el enmascaramiento de pretendidas “medidas de seguridad”, como si se trataran de políticas sociales inclusivas. Y sobre todo, debería garantizar que las instituciones en las que los jóvenes universalmente se forman y educan (la escuela, en primer lugar) sean las que los incluya y contenga.
Una vez más se intenta, por medio de este proyecto de ley, cristalizar la existencia de sociedades duales, convalidar la diferenciación social y vigilar y controlar a los pobres, en vez de apuntar a trabajar sobre las causas más profundas de la pobreza.
En suma, para los jóvenes pobres el disciplinamiento cuartelario y para los jóvenes pudientes los colegios y las universidades privadas.
(*) Trabajador Social – Profesor Titular (Facultad de Ciencias Sociales-UBA)