Por: José Angulo Cofre.
C O M U N I C A D O P Ú B L I C O
Codepu denuncia que el Sábado 14 de agosto a las 6:58 de la mañana, el domicilio de Viviana Uribe Tamblay, Presidenta de nuestra organización, la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo, CODEPU, ubicada en Batuco, fue allanada violentamente por un grupo de funcionarios del GOPE, Labocar, y personal de la Fiscalía , en el marco de la llamada “operación Salamandra” o “Caso bombazos”. El operativo policial duró 7 horas. En el domicilio se encontraban en ese momento su hija, Bárbara Vergara Uribe, hija de un ejecutado político, con un embarazo de 8 meses, y trabajadora de la institución junto a su compañero Manuel Correa P.
El ingreso de los funcionarios policiales fue violento, entraron derribando con un ariete la puerta de entrada principal de la casa, copando los dormitorios y encañonado e intimidando con metralletas a los ocupantes.
Particular gravedad tiene el hecho que en el allanamiento incautaron además de innumerables pertenencias personales, ropas, computadores, celulares, bicicletas, fotografías y ropa de la nieta de 11 años de la Presidenta , y, documentación de la Corporación CODEPU , relacionada con el Proyecto Memoria Oral del pueblo mapuche, contabilidad de nuestra Institución, fichas y testimonios de víctimas de graves violaciones a los Derechos Humanos.
La Corporación CODEPU manifiesta su solidaridad con Viviana Uribe y su familia y expresa enérgicamente su protesta por el desproporcionado operativo desplegado, que es más funcional a los intereses mediáticos del Ministerio del Interior y el Fiscal a cargo, que de una pesquisa judicial tramitada conforme a las normas del debido proceso.
Causa sorpresa el empleo de una metodología que recuerda el terror de estado de la época de la dictadura, el absoluto irrespeto a principios y garantías básicas y a la dignidad de la persona humana.
Lamenta, particularmente por esto, que el Fiscal Alejandro Peña haya sido procurador de Codepu a inicios de los años 90, y, defensor irrestricto de los derechos humanos, haya ordenado allanamientos y amedrentamientos brutales sabiendo las graves consecuencias que dichas acciones dejan en las personas y familias afectadas, que recuerda los momentos más amargos de la represión desplegada por la dictadura militar.
Exige, la inmediata devolución del material incautado e informará y denunciará ante los organismos internacionales de defensa de los derechos humanos la situación represiva desplegada por las fuerzas policiales y el Ministerio Público.
Señala, que se opondrá tajantemente a la estigmatización y la persecución a defensores de Derechos Humanos y defenderá los derechos de toda persona amagada por la reaparición de prácticas inaceptables en un Estado de Derecho.