Asesinaron a Inocencio Sanabria

Los campesinos atacados están asentados en el Núcleo 4 situado en Arroyito, distrito de Horqueta, departamento de Concepción, a la espera de recuperar las 22.000 hectáreas de tierras usurpadas por el Zanetti – “propietario” de la estancia Santa Adelia -.Esta colonia, está organizada por la Coordinadora Campesina “Dr. Gaspar Rodríguez de Francia.”El 19 de febrero, habían asesinado a Benjamín Lezcano, secretario general de esta organización y vecino de Inocencio Sanabria. Aquel, había sido objeto de un hostigamiento permanente por parte del Ministerio Público y la Policía Nacional, por su rechazo a los intereses del agronegocio y el latifundio. El 31 de octubre de 2012, la brigada “antisecuestro” de la Policía Nacional apresó a Benjamín Lezcano y a Rubén Darío López Fernández. Les imputaron, hechos punibles de terrorismo, asociación terrorista y financiamiento del terrorismo definidos por la Ley N º 4024/10. Esta ley anticampesina, antipopular y funcional a los poderes fácticos fue promovida y promulgada por el “progresista” ex presidente Lugo.

El 10 de febrero de 2009, Vicente Espínola fue asesinado en Santa Adelia por los matones contratados por el “propietario.” El 21 de abril de 2010, los 4 matones al servicio de la “estancia” fueron emboscados y ejecutados en Santa Adelia. Esta ejecución, desnudó la participación de la Policía Nacional en los ataques contra el asentamiento, ya que uno de los ejecutados era policía en actividad. El policía cobraba 800.000 guaraníes de los 2.000.000 que cobraba el comisario por su “trabajo” en Santa Adelia. En el entierro, la madre del agente policial ejecutado declaró a la prensa local que los “jefes policiales envían a policías de menor rango a morir en las estancias.” La madre del policía muerto se quejó amargamente, que su hijo, “ se fue a dar la vida ante los intereses de los ganaderos y para el sobresueldo de los jefes policiales” ( La Nación , 22/4/2010).

Hace un mes, el presidente Cartes dispuso la intervención de las fuerzas armadas en los asuntos internos sin plazo, sin ley y sin ningún tipo de control de los poderes judicial y legislativo sobre los departamentos de Amambay, San Pedro y Concepción. Desde entonces, se hicieron públicas una serie de denuncias de ataques a los DD.HH. en las comunidades campesinas.

El 23 de agosto, una escuadra del ejército entró a la escuela Inmaculada Concepción con el objeto de interrogar a los niños sobre la ubicación del Ejército del Pueblo Paraguayo (E.P.P.) Delia Cardozo, pobladora del lugar, denunció este hecho en la localidad de Tacuaty Poty. Días después, como represalia el diario ABC COLOR la acusó de comandar una célula del E.P.P.
El 5 de septiembre, en la comunidad campesina Oñondivepa, a la medianoche, integrantes del ejército hicieron una serie de allanamientos. A Ignacio Sosa, le ordenaron cavar un hoyo en el patio de su casa. Sosa, quien sufre de asma, preguntó para qué le hacían hacer el pozo, los militares le respondieron: “ha pea nde kuarara hina”. (“es para tu tumba”). Al profesor Ramón Denis Cardozo le rompieron la puerta, tiraron libros, rompieron su computadora. Lo pusieron cuerpo a tierra boca abajo y apuntándolo con armas le dijeron que él era un asesino. La denuncia, que extrajimos de la página del paí Oliva, cuenta que “los efectivos militares dentro de la casa eran aproximadamente diez, todos encapuchados, con pasamontañas fuertemente armados y ninguno se identificó ni tenían portanombres, en el patio de la casa estaban otros diez aproximadamente.”.

El referente campesino, Arnaldo Mendoza denunció que “a pesar de que se implantó la militarización de la zona, los asesinatos siguen en este proceso. En realidad el problema real en Horqueta es la pobreza, la falta de una política pública que la combata. El error del gobierno será grave si respalda el avance de los sojales, y de las personas que contratan sicarios para asesinar a dirigentes campesinos. El compañero Inocencio Sanabria estaba amenazado por oponerse al avance de la soja”.

Cartes, fue elegido mediante elecciones afectadas seriamente por el fraude: lista sábana, exclusión de los campesinos desplazados en el exterior ( 20 % del padrón ) y la “compra” de decenas de miles de planilleros.

Las denuncias a nivel internacional se centran en la grave situación en que este gobierno ha puesto a los DD.HH. El premio Nobel de la Paz Pérez Esquivel, Nora Cortiñas – madres de Plaza de Mayo LF – y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, se han sumado a la campaña internacional lanzada por el colectivo de Ex Presas Políticas del Paraguay “ Carmen Soler, “ en favor del respeto a las garantías de Carmen Villalba – prisionera del E.P.P , por los presos políticos y por el rechazo al Canciller Loizaga por su participación en la dictadura stronista.
Cartes es stronismo explícito.

Aratiri

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