La Ley siempre es efectiva contra quienes se enfrentan al poder.
El pasado martes 15 de diciembre, sin aviso previo y a escondidas, los militantes políticos chilenos Marcelo Villarroel y Freddy Fuentevilla fueron sacados de sus celdas en las que estaban alojados en la U11, y llevados en un operativo relámpago al cruce fronterizo de Pino Hachado, donde fueron entregados al gobierno del país trasandino.
Allí, los espera ahora una corte militar para juzgarlos sin ningún tipo de garantías. Se trató de un traslado compulsivo que deliberadamente violó todo tipo de garantías, ya que hizo caso omiso a los Habeas Corpus que de manera simultánea se presentaron en Neuquén y Buenos Aires.
Este traslado responde a la orden de expulsión dispuesta por el gobierno de Cristina Fernández y en respuesta al pedido de extradición realizado por su par chileno, a pesar del asilo político que con anterioridad fue solicitado por estos dos perseguidos políticos: Una situación que contraría todos los protocolos internacionales que garantizan la no expulsión a quien es peticionante de asilo político.
Una clara demostración de cómo el gobierno nacional aplica la Ley Antiterrorista, con la que, al igual que en Chile, se persigue y condena a los/as luchadores/as y militantes políticos.
Por el hecho de estar detenidos y con condena en este país, la extradición de Freddy y Marcelo no sería posible sino hasta cuando estos dos hombres quedaran en libertad. Por lo menos, en libertad condicional.
Desde el mes de marzo de 2008, Freddy Fuentevilla y Marcelo Villarroel estaban alojados en la Alcaidía Provincial de Neuquén (U11), cumpliendo una condena de tres años que, justamente el pasado 15 de diciembre, llegó a la mitad.
De acuerdo al Art. 17 de la Ley 24.660 (Ley de Ejecución de la Pena), las personas privadas de su libertad pueden acceder al “beneficio” de la libertad condicional una vez cumplida la mitad de su condena, y siempre y cuando, entre otras condiciones, hayan tenido una “conducta ejemplar”.
Una condición que, de acuerdo a lo demostrado por las autoridades carcelarias, lejos estaban de reunir Freddy y Marcelo, si se tiene en cuenta que prácticamente todo el tiempo que estuvieron detenidos en la U11 fueron sancionados aunque por causas inexistentes, obligados a permanecer por ello en celdas de castigo (“buzones”) e inculpados en numerosas ocasiones de instigar a la fuga al resto de los internos.
Es decir: nadie, ningún interno de ninguna prisión del país, hubiera tenido el “beneficio” de la libertad condicional con los antecedentes y las sanciones por falta de conducta imputados a Freddy y Marcelo. Más aún, no existen antecedentes de presos que el mismo día que cumplían la mitad de su condena hayan gozado de alguno de sus “beneficios”, los que recién fueron alcanzados luego de tediosas presentaciones que prolongaban aún más la privación concreta de la libertad.
Todo esto demuestra cómo el poder político y económico cierra filas frente a los/as luchadores/as sociales y militantes políticos, sin importar banderas ni colores partidarios. Una vez más, el gobierno provincial y nacional unificaron sus criterios para enfrentar, atentar y condenar a quienes luchan contra este sistema capitalista mundial que oprime y condena a la miseria a la mayor parte de la población.
Por todo lo expuesto, Zainuco expresa su máximo repudio a la extradición de Marcelo Villarroel y Freddy Fuentevilla decidida por el gobierno nacional de Cristina Fernández y acatada sin miramientos por el gobierno provincial de Jorge Sapag, a quienes hacemos responsables de la vida y la seguridad de los compañeros chilenos.
Asimismo, expresamos nuestro máximo repudio a la Ley Antiterrorista y sus formas de aplicación tanto en Chile como en Argentina, así como en cualquier parte del territorio latinoamericano.