El presidente del Colegio de Magistrados marplatense justificó el accionar policial con el argumento que “la justicia sólo podía actuar en los prostíbulos cuando se denunciaba escándalo o se veían perjudicados terceros”. Contrario al Fiscal General local que instruyó cumplir con la ley que prohíbe las casas de prostitución y el proxenetismo. La denuncia de la Alameda desató la polémica.
Por Lucas Schaerer
“Vera, Gustavo su denuncia presunta infracción ley 26.664 (ley de Trata)” es el expediente judicial que ha puesto nervioso a los poderosos de Mar del Plata. Mientras que con total hermetismo la fiscalía general preparan una batería de medidas para accionar sobre los prostíbulos, por otro lado el presidente del Colegio de Magistrados de Mar del Plata metió presión al avance al jefe de fiscales locales, Daniel Adler.
Manuel Fernández Daguerre, líder de los jueces marplatenses, hizo declaraciones en el programa radial “Noticias y Protagonistas” y en el diario “El Atlántico” por la denuncia penal que involucra 400 prostíbulos y cuatro mil esclavas sexuales en la ciudad-balneario. En la prensa reivindicó el accionar del jefe policial Gustavo Salvá y asume la responsabilidad política y judicial por lo hecho hasta entonces.
El juez Daguerre aseveró que “en Mar del Plata no se ha sido permisivo con la trata”, aunque reparó en que “la ley no castiga la prostitución”. Dejando en el olvido la ley 12.331 que data de 1936 y varios tratados internacionales firmados por argentina en la represión del proxenetismo, la explotación sexual por cuenta ajena y las casas de tolerancia.
Fernández Daguerre planteo que su postura coincide con varios jueces correccionales locales, Camadro, Dominella, Hooft. “Mientras esas conductas no causen lesiones o perjuicios a terceros o escándalos, eso no era punible y uno no podía meterse”. Este polémico argumento ya lo utilizo la Sala I de la Cámara de Apelaciones Federal porteña para liberar a un ucraniano esclavista de menores y adultas. Oleksandr Vovk además monto otro negocio ilegal en sus privados del microcentro porteño, Recoleta y Palermo. Tráfico y venta de cocaína. Esa causa espera ahora resolución en Casación.
“Me consta que Salvá, que también es abogado, venía a decirnos ‘doctor, tengo esta lista de privados, quiero ir…’ Entonces yo le preguntaba: ¿Producen escándalo? ¿Se quejan los vecinos? Más de una vez le dijimos ‘no Salvá, usted no puede entrar’…Si no había ostensiblemente un motivo para la intervención de la Justicia correccional, le decíamos, no Salvá, traigamos motivos que esto lesiona molesta a terceros”, señaló Fernández Daguerre a los medios antes citados.
Daguerre aboga por la regulación de la actividad prostibularia en clara contradicción con la concepción jurídica abolicionista imperante en la Argentina y pidió “que algún día haya una ordenanza o se reglamente ese tipo de actividad”, puntualizó desoyendo la ley de profilaxis y los convenios internacionales que prohíben la explotación sexual”.
El titular de la Fundación Alameda, Gustavo Vera, salió al cruce de las afirmaciones del presidente del Colegio de Magistrados local. “Ni bien tomamos conocimiento de las declaraciones de Daguerre se las dimos a nuestros abogados para que estudien la posibilidad de iniciar un juicio político al magistrado. No puede desconocer que las casas de prostitución están prohibidas por una ley nacional vigente desde 1936. Naturalmente, no se trata sólo de declaraciones, sino de los resultados prácticos de esa omisión legal que hoy son una red de 400 prostíbulos en Mar del Plata, con situaciones de trata, servidumbre y narcotráfico, donde hasta los que fueron clausurados por la justicia y tienen proxenetas detenidos y/o procesados continúan abiertos como si nada hubiera ocurrido. Las afirmaciones del doctor Daguerre confirman la sospecha de la Alameda respecto a las complicidades judiciales y policiales revestidas bajo el disfraz de una concepción regulacionista”.
La causa ha ganado tapa de un diario nacional y otro local. Como reguero de pólvora la noticia fue tomada por radios y canales de todo el país. Incluso agencias y emisoras internacionales difundieron el tema. Las imágenes emitidas en los canales de los fragmentos de las extensas video-grabación aportada por la Fundación Alameda a la justicia fueron lo suficientemente elocuentes como para develar los alcances de una red que abarca 400 prostíbulos que explotan sexualmente a cuatro mil mujeres, muchas de las cuales serían menores y víctimas de trata y dónde además habría distribución de estupefacientes.
Los intentos de minimizar la noticia o directamente ignorarla por parte de algunos medios locales que suelen publicitar avisos de de casas de prostitución, fueron inútiles. A los videos y la documentación aportada en la denuncia, le siguieron la declaración de los testigos de identidad protegida y la reciente resolución del Fiscal General Daniel Adler en la que instruye a todos los fiscales locales a relevar si los prostíbulos cerrados por la justicia fueron reabiertos de facto como demostrarían las filmaciones y testimonios. A su vez Adler ordenó que al pedido de clausura se sume una consigna policial en los prostíbulos denunciados para evitar reaperturas.
Por lo que reveló este cronista, el expediente de la causa iniciada el lunes, caratulada “Vera, Gustavo su denuncia presunta infracción ley 26.664”, se incrementa día tras día. Los fiscales y secretarios trabajan a ritmo frenético desde sus oficinas en una histórica casona a metros de la avenida Colón y del mar. Muchos de los apostaban que la denuncia se extinguiría con el impacto mediático inicial, advierten que deben cambiar de táctica. Es entonces cuando comienza a verse quién es quién en la justicia marplatense.
Durante la investigación de la Alameda, a mediados de diciembre, Gustavo Vera solicitó una reunión con el jefe policial distrito centro, Gustavo Salvá, a fin de conocer su opinión respecto a la red de trata y proxenetismo que la Fundación ya había comenzado a advertir el mes anterior. En dicha reunión comentó Vera para este artículo “Salvá, de profesión abogado, reivindicó el rol de la policía y me entregó como prueba de su eficiencia un listado de 240 operativos policiales en prostíbulos en los cuales se le aplica a meretrices y proxenetas artículos del Código de Faltas de la Provincia de Buenos Aires. Sin embargo, lo que Salva presenta como prueba de su eficiencia en realidad devela, como mínimo, su negligencia al omitir la aplicación de la ley 12.331 que en sus artículos 15 y 17 prohíbe expresamente las casas de tolerancia en todo el país y el proxenetismo. Esta es una ley de mayor jerarquía que el código de faltas provincial. Por tal razón y más allá de las contravenciones que sólo sirven para la estadística, y en vista a la gravedad y cantidad de los delitos detectados y denunciados pedimos que se investigue también el rol de la policía ya que no es posible que 400 prostíbulos actúen a espaldas de ella”, sostiene Vera.
“Que haya trascendido el nombre de Salvá sé que lo ha afectado. Lo vi afectado. Me dijo que estaba muy afectado. Y tiene razón” dijo el presidente del Colegio de Magistrados local, Manuel Fernández Daguerre en declaraciones al programa radial «Noticias y Protagonistas» y el diario local El Atlántico de ayer. Y no se equivoca.
Salvá fue varios días de la semana ante la fiscalía de Adler a fin de saber los alcances de la denuncia de la Alameda y a la vez llevando una montaña de constancias de operativos contravencionales, muchos de los cuales ya se los había entregado a la Alameda en diciembre pasado y fueron aportados por la Fundación en la causa como prueba del incumplimiento de leyes nacionales.
Por trascendidos judiciales se supo que hubo una tensa reunión en la fiscalía con el jefe policial denunciando. En esa discusión un funcionario judicial le habría reprochado a Salvá no haber garantizado las clausuras dispuestas por la justicia sobre los prostíbulos. De todas maneras el fiscal general Adler, quien no hizo declaraciones a la prensa hasta el momento, instruyó a los fiscales a investigar si los prostíbulos que habían sido clausurados estaban en funcionamiento y, en tal caso, se proceda a su inmediata clausura y se colocara una consigna policial “a los fines de evitar la burla a la autoridad municipal, policial o judicial”.
De cumplirse la ley sería un quiebre a la red narco-prostibularia.
Gracias La Alameda por el envío!!!