Chicos institucionalizados: Pájaros sin luz -Buenos Aires- Argentina – 10-08-10

Unos 1.300 chicas y chicos de la Ciudad viven en “hogares”, modo políticamen­te correcto de nombrar a los vie­jos institutos de menores. Des­de bebés hasta adolescentes de 17 años, apartados de sus fami­lias, privados de su libertad. La enorme mayoría no cometió nin­gún delito y tampoco sus familias cometieron delitos contra ellos (violencia, abuso). Están encerra­dos porque son pobres. Porque la mamá se enfermó o se murió. Porque fueron desalojados. Por­que se quedan solos cuando los padres trabajan. Porque los llevan a mendigar o cartonear para no dejarlos solos. Un día, algún orga­nismo un juzgado, la Dirección de Niñez y Adolescencia del Go­bierno de la Ciudad, una Defenso­ría los ve y los interna. Que sean varios hermanos no significa que estén en el mismo instituto y ni si­quiera que puedan visitarse. Los jueces, después, deben convalidar la medida. Laura Musa, la aseso­ra tutelar del Ministerio Público de la Ciudad, dice que muchas inter­naciones “están por fuera de las reglas impuestas en materia de debido proceso y garantías”, y vulneran los derechos del niño y de su familia.

Cuestiones de dinero
¿Por qué el Estado se adueña de los chicos? La respuesta, en es­tos casos, suele estar más cerca del dinero que del amor. Desde que gobierna Macri, se agudizó la ten­dencia a delegar el cuidado de los chicos pobres en ONG que, si no hubiera chicos pobres, se fundirían.

Convertida en política de Es­tado, un festival de convenios ve­hiculizó la transferencia de recur­sos hacia los privados.
La Dirección de Niñez, encarga­da de los hogares, debería aplicar las políticas de protección decidi­das por el Consejo de Derechos del Niño, la Niña y el Adolescente, que debe controlar que se cumplan.

La distribución del presupues­to de Niñez ilustra la política: in­virtiendo las prioridades que es­tablece la ley, los programas de fortalecimiento familiar se llevan el 6% de los recursos y los hoga­res el 30%. Esta privatización in­cluye a los paradores Carlos Caja­de y Ciberencuentros. Dos de los tres hogares derivados por la Na­ción están hace años “en repara­ción”. A Niñez le queda un solo hogar propio activo, Nuestra Se­ñora del Valle, con unas 30 cria­turas. En febrero hubo un in­cendio y la Junta Interna de ATEdenunció un cuadro de abando­no total, no tienen ni línea tele­fónica: “Para nosotros es muy im­portante tener un hogar público no monitoreado por la lógica de las ONG. Para ellas es más renta­ble tener un chico internado que reinsertarlo con su familia. El chi­co se va sólo cuando les solicitan que ingrese otro”.

Para que todo esto fuera posi­ble, se llevó al colapso al Consejo de Derechos, con defensorías zonales que, en la zona sur, atienden hasta 400 chicos pero sólo cuentan con tres o cuatro profesionales precari­zados, con sueldos que rondan los 2.000 pesos. Esto genera una altí­sima rotación y la incorporación de personal recién recibido que, ape­nas encuentra otro trabajo, huye, harto de enfrentarse con los abo­gados de las ONG, expertos en de­fender los intereses de sus clientes y con inmejorables relaciones con los jueces de familia. Los represen­tantes de la oposición en el Conse­jo denuncian que su Plenario no se reúne y que “ahora los hogares eli­gen a quién reciben y a quién no, por eso los chicos más conflictivos terminan a la deriva, institucionali­zados en neuropsiquiátricos o sin un destino que los contenga”.

En el negocio de la interna­ción está el quid de la cuestión. La Ley 2.881 segmentó los ho­gares en varias categorías: convi­venciales; paradores –en los que el chico está algunas horas–; con­vivencial para adolescentes emba­razadas y/o madres y sus hijos y, finalmente, “convivencial de aten­ción especializada”, para alojar transitoriamente a quienes nece­siten más cuidados profesionales. Los paradores cobran 1.071 pesos por pibe, los convivenciales, en­tre 1.330 y 2.000, y los de aten­ción especializada (discapacitados y pacientes psiquiátricos) hasta 5.988 pesos. “Con lo que paga por un solo chico, el Gobierno podría solventar el alquiler de una familia o un operador que ayude a varias. Pero el Gobierno paga y se desentiende: un chico menos”, explica Musa.

A veces, la Justicia colabora en dificultar la revinculación. Laura Ro­dríguez, abogada de la Fundación Sur, atiende demandas de madres o padres que reclaman la restitu­ción de los hijos. En este caso, los chicos, de 5 y 7 años, ya llevan dos años lejos de su mamá. Se incen­dió la casa donde vivían y la familia quedó en la calle. Eso desencade­nó una causa judicial y que se in­ternara a los chicos. Además, se le abrió a la madre un expediente de inhabilitación psiquiátrica. “Si bien tiene alguna dificultad psicológi­ca, la madre está siendo tratada y la propia curadora opina que no debe ser inhabilitada. En el trans­curso de este proceso, la mamá, por sus propios medios, alqui­ló un departamentito y tuvo otro hijo, que está con ella y tiene cua­tro meses. Lo cuida perfectamen­te. La mamá visita a los chicos los fines de semana y un día hábil por­que el hogar carece de personal y no admite más visitas. El Consejo es favorable a la restitución, los ni­ños reclaman volver con su mamá. Pero, como no hay sentencia sobre la inhabilitación, la Justicia no re­suelve”, explica la abogada. Si esa mujer hubiera sido ayudada no hu­biera estado en la calle ni loschi­cos sin su mamá.

Esta discrecionalidad fue legal mientras rigió la Ley de Patronato de 1919. Confundiendo peligro­sidad y pobreza, los jueces deci­dían cuál chico seguía con su fa­milia y cuál no. La adhesión a la Convención de los Derechos del Niño, la sanción de la Ley de Pro­tección Integral 26.061 y de la Ley de la Ciudad 114 determinó que la Justicia ya no puede disponer de los pobres y que el Estado debe protegerlos con políticas públicas. Dicen también que los chicos tie­nen derecho a una familia y que ni la más extrema pobreza es razón para separarlos. Que el Estado debe aplicar políticas de fortale­cimiento: habitacionales, jardines maternales, escuelas de tiempo completo, polideportivos, becas, acompañamiento profesional.

La internación, dice taxativa­mente la Ley 114, es la última op­ción, y sólo puede ser “excepcio­nal” y “transitoria”. No más de 90 días, para que el Estado tenga tiempo de implementar medidas que ayuden al reingreso o busque un allegado que quiera cuidar al chico si por razones gravísimas –muerte, enfermedad mental, adicciones severas– los padres no pueden. Pero hecha la ley, he­cha la trampa. Porque los 90 días pueden prorrogarse “excepcio­nalmente” y, por ese intersticio, muchos chicos cumplen los 18 in­ternados. En su oficina de la Ase­soría General Tutelar, Laura Musa ofrece a Diario Z un dato irrefu­table: el 75% de los niños ingre­sados por la Ley 26.061 (de 2005) continúan internados.

Sin regulaciones
El Gobierno, además, paga el alquiler de los inmuebles don­de funcionan casi todos los hoga­res, una concesión insólita porque sólo 2 de cada 10 tienen menos de 5 años en funciones. Un rele­vamiento del Ministerio Público Tutelar mostró que el 32% oscila entre los 6 a 10 años; el 37%, en­tre 11 y 20, y el 10%, 20 años o más. No es lo único sorprendente: los hogares funcionaron sin regla­mentación hasta 2008, cuando la Ley 2.881 fijó las condiciones edili­cias, los servicios y el personal con que debían contar. Aunque los 18 meses para ponerse al día termi­naron en junio, la Red de Hogares pidió nueva prórroga. La Legisla­tura lo denegó pero una resolu­ción del Ejecutivo le otorgó otros 6 meses. En general, se denun­cian graves problemas edilicios, hacinamiento, falta de personal idóneo, cables expuestos, alimen­tación exigua e inadecuada, y en algunos casos sobremedicación, castigos corporales o violencia de los chicos mayores contra los me­nores. Dale prórroga.
Los efectos de la Ley 2.881 no alcanza a los hogares del conur­bano ni el gobierno porteño pue­de clausurarlos o sancionarlos. La única opción, que no se apli­ca porque “faltan vacantes”, sería dejar de mandarles niños. El lista­do de hogares “en graves condi­ciones” es vasto, y en los últimos 12 meses han muerto dos chicos. Uno, de 12 años, se descompu­so a la noche pero en el Hogar de Programa Imagen no hay guardia médica. Amaneció muerto y hay una causa judicial por “muerte dudosa”. Alfredo Nolasco, su ti­tular, es el referente por las ONG que gestionan hogares en el Con­sejo de Derechos.

Otro chico, de 16 años, se ha­bría ahorcado el 14 de abril en el Centro Juvenil Esperanza. “Lo más grave es que la Defensoría Zonal de la Boca citó a la mamá para el 19 de mayo. Es decir que ni la Defensoría, ni el Consejo de Derechos de Niños/as y Adoles­centes, ni la Asesoría General Tu­telar habían sido informados a un mes de la muerte del adolescen­te”, denunció la legisladora Dia­na Maffía.

Psiquiatrizar la miseria
Aunque la Ley 2.881 dice que la fiscalización del proyecto insti­tucional, el abordaje metodológi­co, la atención de los niños, niñas y adolescentes, la idoneidad y el desempeño del personal son “de exclusiva competencia” del Con­sejo y de Niñez, éste derivó esas decisiones a los institutos priva­dos a través del convenio mar­co. “La permanencia de los chi­cos queda sujeta, entonces, a la ‘singularidad del caso’, un criterio subjetivo, arbitrario y discrecional, y no a lo que determina la ley. El convenio delega en el equipo téc­nico del albergue la definición de estrategias y acciones necesa­rias para efectivizar el derecho a la vinculación familiar, social y co­munitaria, y por el otro lado, re­duce el rol del Consejo al control de las medidas y la supervisión de la permanencia institucional”, ex­plica Musa. La Ley 26.061 creó una figura legal, la de “abogado del niño”, que debería custodiar sus derechos. Pero el macrismo, superándose a sí mismo, también los tercerizó, a través de conve­nios entre el Consejo y ONG. Aun así, el 83% de los chicos carece de todo abogado.

El choque de intereses es evi­dente: el mismo hogar que cobra por tener el chico debe instrumen­tar las medidas para que egrese, o sea para dejar de cobrar. ¿Los abo­gados “privatizados” del niño van a litigar contra el organismo que los contrata y paga sus sueldos?

No sólo no se facilita el reen­cuentro, también lo puede obs­truir. “Los hogares tienen sus pro­pias normas. Y puede ser que una señora que tiene otros chicos y no tiene un peso alguna vez no vaya y otra vez llegue tarde. Y no la de­jen entrar. En el registro queda­rá que la mamá no fue. El chico, frustrado, tal vez ‘se porte mal’. En el registro quedará que tiene problemas. Estas situaciones se repiten, hasta que no se la esti­me ‘apta’ para cuidar a su hijo y al hijo no se lo estime apto para un convivencial.” La que habla es una profesional con años en el Conse­jo, que reserva su nombre porque las normas del Gobierno le impi­den hablar con la prensa.

Un chico institucionalizado, apartado de sus afectos, obliga­do a convivir con extraños, tal vez caiga en un estado de “excitación psicomotriz”. Ahí llega el primer tranquilizante. Si se repite, la do­sis aumenta. Y si no se resigna, irá a una institución de “cuidados es­peciales” o un “hogar terapéutico de salud mental”. Está perdido. Y la cápita habrá pasado de 1.300 a 5.890 pesos.

Musa afirma que al 40% de los chicos se les administra psico­trópicos, que el 87,5% está bajo tratamiento psicológico y el 75%, psiquiátrico. La ministra de De­sarrollo Social, María Eugenia Vi­dal, la desmintió y dijo que solo el 24% está en esa situación. Ante una requisitoria, la ministra Vidal prefirió postergar su respuesta.

En septiembre, Musa presen­tó un habeas corpus colectivo por 15 chicos con alta médica deposi­tados en el neuropsiquiátrico To­bar García. “Eran chicos levanta­dos de la calle con un ataque de nervios, o alojados en algún ho­gar. Pero los hogares se niegan a recibir a los chicos que salen de una institución psiquiátrica. Mien­tras les buscaban un lugar, se los dejó ahí. Esto es muy grave, no se puede hacer política social man­teniendo a un chico en un ma­nicomio. No queremos hacer las inferiores del Borda”, ironiza la asesora, dando por terminada la entrevista, Ya en la calle, hace frío. En algunos corazones hace mucho más frío.

Colaboró Franco Spinetta.

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