Unos 1.300 chicas y chicos de la Ciudad viven en “hogares”, modo políticamente correcto de nombrar a los viejos institutos de menores. Desde bebés hasta adolescentes de 17 años, apartados de sus familias, privados de su libertad. La enorme mayoría no cometió ningún delito y tampoco sus familias cometieron delitos contra ellos (violencia, abuso). Están encerrados porque son pobres. Porque la mamá se enfermó o se murió. Porque fueron desalojados. Porque se quedan solos cuando los padres trabajan. Porque los llevan a mendigar o cartonear para no dejarlos solos. Un día, algún organismo un juzgado, la Dirección de Niñez y Adolescencia del Gobierno de la Ciudad, una Defensoría los ve y los interna. Que sean varios hermanos no significa que estén en el mismo instituto y ni siquiera que puedan visitarse. Los jueces, después, deben convalidar la medida. Laura Musa, la asesora tutelar del Ministerio Público de la Ciudad, dice que muchas internaciones “están por fuera de las reglas impuestas en materia de debido proceso y garantías”, y vulneran los derechos del niño y de su familia.
Cuestiones de dinero
¿Por qué el Estado se adueña de los chicos? La respuesta, en estos casos, suele estar más cerca del dinero que del amor. Desde que gobierna Macri, se agudizó la tendencia a delegar el cuidado de los chicos pobres en ONG que, si no hubiera chicos pobres, se fundirían.
Convertida en política de Estado, un festival de convenios vehiculizó la transferencia de recursos hacia los privados.
La Dirección de Niñez, encargada de los hogares, debería aplicar las políticas de protección decididas por el Consejo de Derechos del Niño, la Niña y el Adolescente, que debe controlar que se cumplan.
La distribución del presupuesto de Niñez ilustra la política: invirtiendo las prioridades que establece la ley, los programas de fortalecimiento familiar se llevan el 6% de los recursos y los hogares el 30%. Esta privatización incluye a los paradores Carlos Cajade y Ciberencuentros. Dos de los tres hogares derivados por la Nación están hace años “en reparación”. A Niñez le queda un solo hogar propio activo, Nuestra Señora del Valle, con unas 30 criaturas. En febrero hubo un incendio y la Junta Interna de ATEdenunció un cuadro de abandono total, no tienen ni línea telefónica: “Para nosotros es muy importante tener un hogar público no monitoreado por la lógica de las ONG. Para ellas es más rentable tener un chico internado que reinsertarlo con su familia. El chico se va sólo cuando les solicitan que ingrese otro”.
Para que todo esto fuera posible, se llevó al colapso al Consejo de Derechos, con defensorías zonales que, en la zona sur, atienden hasta 400 chicos pero sólo cuentan con tres o cuatro profesionales precarizados, con sueldos que rondan los 2.000 pesos. Esto genera una altísima rotación y la incorporación de personal recién recibido que, apenas encuentra otro trabajo, huye, harto de enfrentarse con los abogados de las ONG, expertos en defender los intereses de sus clientes y con inmejorables relaciones con los jueces de familia. Los representantes de la oposición en el Consejo denuncian que su Plenario no se reúne y que “ahora los hogares eligen a quién reciben y a quién no, por eso los chicos más conflictivos terminan a la deriva, institucionalizados en neuropsiquiátricos o sin un destino que los contenga”.
En el negocio de la internación está el quid de la cuestión. La Ley 2.881 segmentó los hogares en varias categorías: convivenciales; paradores –en los que el chico está algunas horas–; convivencial para adolescentes embarazadas y/o madres y sus hijos y, finalmente, “convivencial de atención especializada”, para alojar transitoriamente a quienes necesiten más cuidados profesionales. Los paradores cobran 1.071 pesos por pibe, los convivenciales, entre 1.330 y 2.000, y los de atención especializada (discapacitados y pacientes psiquiátricos) hasta 5.988 pesos. “Con lo que paga por un solo chico, el Gobierno podría solventar el alquiler de una familia o un operador que ayude a varias. Pero el Gobierno paga y se desentiende: un chico menos”, explica Musa.
A veces, la Justicia colabora en dificultar la revinculación. Laura Rodríguez, abogada de la Fundación Sur, atiende demandas de madres o padres que reclaman la restitución de los hijos. En este caso, los chicos, de 5 y 7 años, ya llevan dos años lejos de su mamá. Se incendió la casa donde vivían y la familia quedó en la calle. Eso desencadenó una causa judicial y que se internara a los chicos. Además, se le abrió a la madre un expediente de inhabilitación psiquiátrica. “Si bien tiene alguna dificultad psicológica, la madre está siendo tratada y la propia curadora opina que no debe ser inhabilitada. En el transcurso de este proceso, la mamá, por sus propios medios, alquiló un departamentito y tuvo otro hijo, que está con ella y tiene cuatro meses. Lo cuida perfectamente. La mamá visita a los chicos los fines de semana y un día hábil porque el hogar carece de personal y no admite más visitas. El Consejo es favorable a la restitución, los niños reclaman volver con su mamá. Pero, como no hay sentencia sobre la inhabilitación, la Justicia no resuelve”, explica la abogada. Si esa mujer hubiera sido ayudada no hubiera estado en la calle ni loschicos sin su mamá.
Esta discrecionalidad fue legal mientras rigió la Ley de Patronato de 1919. Confundiendo peligrosidad y pobreza, los jueces decidían cuál chico seguía con su familia y cuál no. La adhesión a la Convención de los Derechos del Niño, la sanción de la Ley de Protección Integral 26.061 y de la Ley de la Ciudad 114 determinó que la Justicia ya no puede disponer de los pobres y que el Estado debe protegerlos con políticas públicas. Dicen también que los chicos tienen derecho a una familia y que ni la más extrema pobreza es razón para separarlos. Que el Estado debe aplicar políticas de fortalecimiento: habitacionales, jardines maternales, escuelas de tiempo completo, polideportivos, becas, acompañamiento profesional.
La internación, dice taxativamente la Ley 114, es la última opción, y sólo puede ser “excepcional” y “transitoria”. No más de 90 días, para que el Estado tenga tiempo de implementar medidas que ayuden al reingreso o busque un allegado que quiera cuidar al chico si por razones gravísimas –muerte, enfermedad mental, adicciones severas– los padres no pueden. Pero hecha la ley, hecha la trampa. Porque los 90 días pueden prorrogarse “excepcionalmente” y, por ese intersticio, muchos chicos cumplen los 18 internados. En su oficina de la Asesoría General Tutelar, Laura Musa ofrece a Diario Z un dato irrefutable: el 75% de los niños ingresados por la Ley 26.061 (de 2005) continúan internados.
Sin regulaciones
El Gobierno, además, paga el alquiler de los inmuebles donde funcionan casi todos los hogares, una concesión insólita porque sólo 2 de cada 10 tienen menos de 5 años en funciones. Un relevamiento del Ministerio Público Tutelar mostró que el 32% oscila entre los 6 a 10 años; el 37%, entre 11 y 20, y el 10%, 20 años o más. No es lo único sorprendente: los hogares funcionaron sin reglamentación hasta 2008, cuando la Ley 2.881 fijó las condiciones edilicias, los servicios y el personal con que debían contar. Aunque los 18 meses para ponerse al día terminaron en junio, la Red de Hogares pidió nueva prórroga. La Legislatura lo denegó pero una resolución del Ejecutivo le otorgó otros 6 meses. En general, se denuncian graves problemas edilicios, hacinamiento, falta de personal idóneo, cables expuestos, alimentación exigua e inadecuada, y en algunos casos sobremedicación, castigos corporales o violencia de los chicos mayores contra los menores. Dale prórroga.
Los efectos de la Ley 2.881 no alcanza a los hogares del conurbano ni el gobierno porteño puede clausurarlos o sancionarlos. La única opción, que no se aplica porque “faltan vacantes”, sería dejar de mandarles niños. El listado de hogares “en graves condiciones” es vasto, y en los últimos 12 meses han muerto dos chicos. Uno, de 12 años, se descompuso a la noche pero en el Hogar de Programa Imagen no hay guardia médica. Amaneció muerto y hay una causa judicial por “muerte dudosa”. Alfredo Nolasco, su titular, es el referente por las ONG que gestionan hogares en el Consejo de Derechos.
Otro chico, de 16 años, se habría ahorcado el 14 de abril en el Centro Juvenil Esperanza. “Lo más grave es que la Defensoría Zonal de la Boca citó a la mamá para el 19 de mayo. Es decir que ni la Defensoría, ni el Consejo de Derechos de Niños/as y Adolescentes, ni la Asesoría General Tutelar habían sido informados a un mes de la muerte del adolescente”, denunció la legisladora Diana Maffía.
Psiquiatrizar la miseria
Aunque la Ley 2.881 dice que la fiscalización del proyecto institucional, el abordaje metodológico, la atención de los niños, niñas y adolescentes, la idoneidad y el desempeño del personal son “de exclusiva competencia” del Consejo y de Niñez, éste derivó esas decisiones a los institutos privados a través del convenio marco. “La permanencia de los chicos queda sujeta, entonces, a la ‘singularidad del caso’, un criterio subjetivo, arbitrario y discrecional, y no a lo que determina la ley. El convenio delega en el equipo técnico del albergue la definición de estrategias y acciones necesarias para efectivizar el derecho a la vinculación familiar, social y comunitaria, y por el otro lado, reduce el rol del Consejo al control de las medidas y la supervisión de la permanencia institucional”, explica Musa. La Ley 26.061 creó una figura legal, la de “abogado del niño”, que debería custodiar sus derechos. Pero el macrismo, superándose a sí mismo, también los tercerizó, a través de convenios entre el Consejo y ONG. Aun así, el 83% de los chicos carece de todo abogado.
El choque de intereses es evidente: el mismo hogar que cobra por tener el chico debe instrumentar las medidas para que egrese, o sea para dejar de cobrar. ¿Los abogados “privatizados” del niño van a litigar contra el organismo que los contrata y paga sus sueldos?
No sólo no se facilita el reencuentro, también lo puede obstruir. “Los hogares tienen sus propias normas. Y puede ser que una señora que tiene otros chicos y no tiene un peso alguna vez no vaya y otra vez llegue tarde. Y no la dejen entrar. En el registro quedará que la mamá no fue. El chico, frustrado, tal vez ‘se porte mal’. En el registro quedará que tiene problemas. Estas situaciones se repiten, hasta que no se la estime ‘apta’ para cuidar a su hijo y al hijo no se lo estime apto para un convivencial.” La que habla es una profesional con años en el Consejo, que reserva su nombre porque las normas del Gobierno le impiden hablar con la prensa.
Un chico institucionalizado, apartado de sus afectos, obligado a convivir con extraños, tal vez caiga en un estado de “excitación psicomotriz”. Ahí llega el primer tranquilizante. Si se repite, la dosis aumenta. Y si no se resigna, irá a una institución de “cuidados especiales” o un “hogar terapéutico de salud mental”. Está perdido. Y la cápita habrá pasado de 1.300 a 5.890 pesos.
Musa afirma que al 40% de los chicos se les administra psicotrópicos, que el 87,5% está bajo tratamiento psicológico y el 75%, psiquiátrico. La ministra de Desarrollo Social, María Eugenia Vidal, la desmintió y dijo que solo el 24% está en esa situación. Ante una requisitoria, la ministra Vidal prefirió postergar su respuesta.
En septiembre, Musa presentó un habeas corpus colectivo por 15 chicos con alta médica depositados en el neuropsiquiátrico Tobar García. “Eran chicos levantados de la calle con un ataque de nervios, o alojados en algún hogar. Pero los hogares se niegan a recibir a los chicos que salen de una institución psiquiátrica. Mientras les buscaban un lugar, se los dejó ahí. Esto es muy grave, no se puede hacer política social manteniendo a un chico en un manicomio. No queremos hacer las inferiores del Borda”, ironiza la asesora, dando por terminada la entrevista, Ya en la calle, hace frío. En algunos corazones hace mucho más frío.
Colaboró Franco Spinetta.